El informe evalúa los procedimientos administrativos disciplinarios del gobierno central en México, Brasil, Alemania y los Países Bajos; y destaca algunas diferencias importantes entre los enfoques institucionales de los países. Aunque es una muestra pequeña, ilustra la amplia variedad que existe entre los países en cuanto a la proliferación de determinados delitos y los tipos de procedimientos sancionatorios aplicados. 

También hay algunas similitudes reveladoras, así como lecciones aprendidas a partir de las reformas recientes. Por ejemplo, el informe subraya la necesidad de contar con datos comparables a nivel internacional sobre las sanciones administrativas; no sólo como herramientas para evaluar sino como un medio para someter el proceso al escrutinio público. De hecho, a raíz de la crisis, los ciudadanos y la sociedad civil demandan mayor transparencia del gobierno y le piden a los líderes que demuestren, con cifras y estadísticas irrefutables, que en realidad defienden y obran en el mejor interés del público. 

La evidencia y la transparencia son especialmente importantes dada la fuerte correlación entre la percepción de los ciudadanos sobre la incidencia de la corrupción del gobierno y la confianza en sus líderes electos y las instituciones nacionales. La impunidad percibida por actos de corrupción es una de las señales que pueden influir en la opinión de los ciudadanos sobre ambas. Sería conveniente que los gobiernos instituyan mejores métodos para recopilar y publicar pruebas sobre las sanciones como una forma de contribuir a restablecer la confianza en las instituciones.


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